El consentimiento que hemos de dar antes de cualquier intervención médica no es un mero trámite, sino la expresión del derecho a ser informados con toda claridad y a decidir en consecuencia.

Es una situación que puede que nos sea familiar: unos días antes o incluso en el mismo momento de empezar una prueba o intervención nos facilitan un documento para que lo firmemos. Y aunque recoge detalles importantes sobre la misma, no le hacemos demasiado caso, no preguntamos las dudas que nos suscita,  o ni tan siquiera lo leemos, que es lo más habitual. Y es que la práctica del consentimiento informado se convierte demasiado a menudo, tanto para médicos como para pacientes, en un formulismo que no cumple su función.            

El consentimiento médico informado debe proporcionarnos una información completa y veraz sobre las consecuencias, opciones y contraindicaciones, así como los riesgos probables en condiciones normales y los relacionados con nuestras circunstancias personales o profesionales, a la luz de la experiencia y el estado de la ciencia. Y el facultativo no solo ha de asegurarse de que hemos entendido la información que nos daba y de que tenemos la capacidad para tomar una decisión al respecto. Es fundamental que consintamos voluntariamente y sin presión.

Excepcionalmente no es preciso recabar el consentimiento del paciente. Es así cuando hay riesgo para la salud pública o cuando no es posible conseguir su autorización y su integridad física o psíquica corren peligro inmediato y grave. En tal caso, si las circunstancias lo permiten, debe consultarse a familiares o personas vinculadas de hecho con él.

¿Qué sucede si no consiento?

El consentimiento no es indiscriminado, se entrega uno para cada actuación médica en particular y admite cambios  de opinión, se puede revocar en cualquier momento. Además, una vez informado,  el paciente puede rechazar someterse a un tratamiento, pero tendrá que dejar por escrito su negativa y las consecuencias que pueden derivarse de ella.